El “Chilero” pedía correr a los policías federales; ahora Morena los quiere traer

2018-10-11 | Eugenio Madero

La postura de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, en torno al tema de seguridad, nos confirma las incongruencias que tienen los políticos mexicanos.


A raíz de tantas muertes violentas que se han registrado en las últimas semanas, la coordinadora de los Diputados del partido Morena, Ernestina Castro Valenzuela, hizo un pronunciamiento y se aprobó en el Pleno la solicitud de que las fuerzas federales se hagan cargo de la seguridad pública en el Estado y también en los Municipios.


Esta petición ante el Gobierno Federal, a como me la pongan, la considero sumamente difícil para que se apruebe.


Durante la sesión realizada el pasado martes por la mañana, la diputada morenista hizo un recuento de las muertes que se han registrado en los últimos seis años en Sonora y concretamente en Ciudad Obregón, de donde es originaria.


Ante las estadísticas negativas que estuvo pronunciando en el pódium la Legisladora de izquierda, su compañero priista Rogelio Díaz Brown -que en su calidad de ex Alcalde de Cajeme- escuchó y toleró con gallardía toda esa metralla.


Sin darle muchas vueltas al asunto, Ernestina Castro puso como palo de gallinero a las consecutivas Administraciones Municipales priistas (2012-2015 y 2015-2018) que encabezaron el mismo Díaz Brown y recientemente Faustino Félix Chávez, ya que según sus cuentas se contabilizaron en ambas casi 1000 (mil) muertes violentas.


En su narrativa sobre los hechos delictivos en el corazón del Valle del Yaqui, la Legisladora Local le restregó en la cara al “Roger” que durante la gestión de Javier Lamarque Cano (ex Alcalde por el PRD -del 2006 al 2009- y ahora convertido en Diputado Federal por Morena), se registró un solo asesinato; sin mencionar para nada el trabajo del panista “Manolo” Barro que estuvo al frente del Municipio de Cajeme del 2009 al 2012.


Pienso que independientemente de los números negativos que se mostraron el pasado martes en el Pleno, lo más importante es la decisión que se vaya a tomar para acabar -o al menos mitigar- con la delincuencia que tanto ha crecido en Sonora.


Contrario a lo que planteó la diputada Ernestina Castro, quiero decirles que hace muchos años, concretamente en la Legislatura de 1994-1997 -que también me tocó cubrir informativamente-, uno de los Diputados Locales exigió un cambio en las corporaciones obligadas a velar por la seguridad pública en Sonora.


El perredista Jesús “Chilero” Romero, fue quien suplicó a sus compañeros diputados que se fueran de nuestro Estado todos los elementos de la Policía Federal que en aquellos tiempos se la pasaban extorsionando y cometiendo injusticias en contra de muchos ciudadanos de bien.


Aunque en su momento lo tiraron a loco, el entonces ex dirigente del Sindicato Minero de Cananea propuso que el trabajo que hacía la Policía Federal lo ejerciera el Ejército Mexicano, ya que siempre se ha distinguido por ser una institución bien acreditada con capacidad, incluso, de patrullar las calles y colonias de todos los municipios de la entidad; reforzando también el trabajo de las policías municipales.


Y bien dice el dicho que “tiempos traen tiempos”.


Porque a más de 20 años de que un miembro del Poder Legislativo pidió que se fuera de Sonora la Policía Federal; ahora resulta que las nuevas generaciones de Diputados Locales solicitan que vengan a hacerse cargo de la seguridad pública.


Independientemente de la polémica que se registra en el Congreso del Estado por tantos hechos violentos que aún no tienen efectos en nuestra macro economía (creo yo, porque hasta el momento no he visto manifestaciones pesimistas del sector productivo, comercial y/o turístico); la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, ha hecho innumerables gestiones para reforzar la vigilancia y traer de nueva cuenta la tranquilidad a todos los sonorenses.


El problema es que en otras entidades -al igual que Sonora-, también están batallando mucho por la inseguridad y están pidiendo la ayuda del Gobierno Federal.


De hecho y como lo han reiterado las autoridades desde el sexenio estatal pasado, nuestra tierra es uno de los Estados fronterizos menos inseguros de México.


O dicho en otras palabras: Sonora es uno de los Estados más seguros del país.


Lo malo es que a raíz del trabajo que se está haciendo en otras entidades vecinas en pro de la seguridad, la ola delictiva se ha venido a Sonora.


Se ha dado, pues, lo que el ex gobernador Eduardo Bours llamó “el efecto cucaracha”; lo cual sucede -literalmente- cuando prendes la luz o simplemente echas “flit”.

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No tengo dudas de que la instrucción que tiene el director del Transporte Público en Sonora, Carlos Morales Buelna, no fue solamente la de recuperar los bienes del Estado (camiones) que estaban en manos de particulares (en este caso de los concesionarios).


Como fue la requisa que se ejerció el pasado domingo por la tarde


Estoy convencido que Morales Buelna tiene la instrucción de llegar hasta las últimas consecuencias en este tema.


Porque creo también que los directivos de Sictuhsa no solamente van a ser destituidos -tarde o temprano- de sus puestos, sino que es muy probable que sean procesados por alguna responsabilidad penal.


El dinero que han manejado por tantos años, ha sido la tentación para que se hayan registrado una gran cantidad de malos manejos que hasta el momento no son comprobables.

Si se procede conforme a derecho, no solamente se podrían ir a la cárcel los directivos de Sictuhsa que pudieron haberse aprovechado de la situación.


Lo más importante y que realmente vale la pena, es que se brinde un servicio de transporte eficiente para beneficio de todos esos usuarios que diariamente se tienen que trasladar a su trabajo, escuela y demás actividades.


Hasta principios de los años 80’s, como usted lo recuerda, el transporte público lo teníamos en dos categorías.


Por así decirlo.


1)      Los peseros que eran unidades de 25 a 30 pasajeros manejados por los concesionarios, y

2)      Los camiones que tenían hasta 50 asientos para sus usuarios, los cuales entregaban boletos y eran administrados por el Ayuntamiento de Hermosillo.

Veremos en qué termina todo esto.

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Obvio que para contar con mejor servicio del transporte en Hermosillo, también se ocupa que nuestras vialidades se encuentren en buenas condiciones.


A casi un mes de haber asumido las riendas del Ayuntamiento de Hermosillo, los funcionarios bajo el mando de la alcaldesa Célida López Cárdenas, como que apenas están agarrando la onda de lo que serán sus actividades.


Hasta el inicio de esta semana se empezaron a ver los trabajos de bacheo por las diferentes calles de Hermosillo, así como la limpieza en los parques, camellones y la recolección de basura de casa por casa.


Esperemos que independientemente de la investigación que supuestamente se va a hacer en los contratos que tiene la empresa concesionaria del alumbrado público, tengamos mejor iluminación en las vialidades que hasta el momento están muy oscuras en nuestra ciudad.


Sería bueno, también, que la Sidur Estatal que dirige Ricardo Martínez Terrazas le apurara a la terminación del proyecto del puente del Vado del Río con todo y remodelación del boulevard Vildósola, del tramo comprendido de la Casa de la Cultura hasta la calle 5 de Mayo en Villa de Seris.


Quienes transitamos diariamente por ese lugar, nos hemos dado cuenta que los trabajos de recarpeteo y alumbrado siguen parados por el supuesto pretexto de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha movido los postes de cemento que aún se encuentran a un metro por dentro del boulevard.


Esta situación, por supuesto, sigue provocando congestionamientos a las horas más complicadas del tráfico que se mueve del centro hacia el sur de nuestra ciudad y viceversa.


Seguiremos al pendiente.

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