Un Estado delictivo

2018-01-13 | Noé Becerra

Las bases estaban construidas. Las formas de gobierno para arribar a la conformación de Estado, transitaron a través de lo que en el artículo anterior se comentó, para dar paso también a la democracia, –poder de muchos pobres–, oligarquía, –poder de pocos ricos–, y tiranía, poder de uno.

El hombre creó a través de las leyes, el concepto de Estado con la finalidad de asegurar su protección y el orden social. Con el transcurrir de los años, se convirtió al Estado en rector del desarrollo nacional. Dentro del marco de la Constitución se encuentran los principios protectores de la libertad humana, de la dignidad, del cuidado del individuo, de sus derechos y prerrogativas, pero también de sus obligaciones.

Con todo ello y un poco más, el Estado asegura el bienestar económico del país y los derechos fundamentales del hombre. En teoría para eso está diseñada la función del Estado pues debe ofrecer a sus gobernados como fin último, la obtención del bien común.

Sin embargo, en un Estado patológico o enfermo, la función de éste se encuentra menguada. El cáncer que azota al Estado como ente público se traduce en inseguridad, violación de las leyes, corrupción e impunidad, falta de empleos, crisis económica, carencia de valores, políticos mentirosos, ejercicio indebido de atribuciones y facultades, por citar sólo algunos.

Cuando los mexicanos empezaron a delinquir, de inmediato eran buscados y aprehendidos por los cuerpos policiacos para ser presentados ante las autoridades del ramo. Se procesaban y castigaban. Los casos son miles.

A partir de 1980, la delincuencia empezó a tomar conciencia que el dinero era parte fundamental para desviar la atención de la autoridad y que se hiciera de la vista gorda. Así nace la corrupción y la impunidad.

En efecto, la corrupción penetró inicialmente en las policías y después en los ministerios públicos, para después extenderse como cáncer, haciendo del Estado, un Estado Delincuente.

También la ciudadanía toma conciencia que el dinero da la posibilidad de hacerse de algunos negocios con el Estado. La delincuencia empezaba a prosperar. El funcionario de gobierno dejaba de aplicar la ley, y el corruptor adquiría una especie de inmunidad para hacer y deshacer a su antojo.

Lo grave resultó cuando los funcionarios públicos deshonestos urdieron que los negocios podían hacerlos directamente y sin intermediarios. Entonces las estructuras de gobierno se anquilosaron, no funcionaban al ritmo deseado porque la corrupción la copaba.

Empezó la corrupción por las estructuras del Poder Ejecutivo. Los funcionarios tenían y siguen teniendo en muchos casos, la facultad discrecional de aplicar o no la ley o alguna otra medida que traen como consecuencia corrupción, impunidad, privilegios, y la seguridad de que no serán castigados en caso de ser sorprendidos en un acto deshonesto, por muchas leyes y buenas intenciones que existan para ello.

Después la corrupción se encaramó en el Poder Judicial y en el Legislativo. Una de las mayores corrupciones después del dinero para los tres niveles de gobierno, es el tráfico de influencias. Por eso, cuando un Estado adquiere el carácter aristocrático u oligárquico, es más fácil que unos pocos ricos de la sociedad hagan negocios con otros pocos ricos de gobierno.

Lo más increíble es que el Estado haya perdido la brújula imitando a la propia sociedad delincuente. Y diga usted si no es así, amable lector. Una agencia del Ministerio Público no representa en la actualidad, más que una gigantesca caja recaudadora donde el dinero es el que manda. Allí se puede “changarrear la justicia” de la manera más ruin que se pueda usted imaginar.

En el Estado Delincuente en que nos desplazamos, nadie avanza si no transa. Desde la cúpula del poder, representada por su gobernador, la afirmación del Estado Delincuente cobra existencia a través de la deshonestidad y deshonra de sus gobernantes y funcionarios públicos.

Allí tenemos los casos, en su época desde luego, de Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, y el más emblemático de todos por el cinismo de su gobernador: Sonora.

O usted, ¿qué opina amable lector?

El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios estados y articulista en diversos periódicos del país.
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